Universidad Autónoma de Aguascalientes

Hace algunos meses, se colocó en el pleno del Senado de la República la Ley General de Educación Superior, una iniciativa que, entre sus diversos aspectos, tiene los propósitos de garantizar el derecho a la educación en este nivel educativo, determinar la obligatoriedad y la gratuidad, así como crear el Consejo Nacional de Coordinación en la Educación Superior, vincular este nivel con su entorno social y, de manera especial, avalar la autonomía universitaria.  

Como integrantes de una comunidad educativa, tenemos la responsabilidad de conocer el contenido de dicha propuesta legislativa, aún en discusión. “Esta ley es importante, pero demanda una correspondencia entre lo que está plasmado en la iniciativa y las acciones que deberán emprenden el gobierno federal y los gobiernos estatales”, afirma el doctor Salvador Camacho Sandoval, profesor e investigador del Departamento de Educación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, quien también nos invita a reflexionar sobre la calidad educativa, la cobertura y obligatoriedad, la formación integral de los jóvenes, la educación a distancia, la coordinación y gobernanza, la autonomía universitaria, el financiamiento, la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones de educación superior (IES). 

La Ley General de Educación Superior es relevante en el sentido de que desde hace tiempo era necesario contar con una normatividad actualizada, además de promover la participación e involucramiento efectivo de otros actores sociales, como los gobiernos estatales, el sector empresarial, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y otros. 

Cobertura educativa 

Nadie estará en desacuerdo en que los propósitos de esta ley deben cubrir las necesidades de la sociedad: promover y asegurar el derecho a la educación de todos los mexicanos; sin embargo, nuestro  país enfrenta una realidad diferente, que tiene que ver con la cobertura educativa, la cual es baja considerando que se tiene menos del 40%, y que, en comparación con otros países, México está en rezago. A pesar de que hay esfuerzos y procesos de participación, el crecimiento de la matrícula aún es bajo y también es bajo el índice de eficiencia terminal, pues la deserción es otro problema en estas instituciones. 

Obligatoriedad y financiamiento 

La obligatoriedad que el gobierno federal ha impulsado para el nivel de educación superior tiene que concretarse con financiamiento, señala Salvador Camacho Sandoval, lo cual representa un gran reto, ya que, por un lado, se habla de la obligatoriedad y de ampliar la cobertura y, por el otro, las condiciones financieras y sociales difícilmente permiten su cumplimiento. Es un hecho que las autoridades de estas instituciones en el país, incluyendo a la UAA, están preocupadas porque los recursos no llegan; entonces, uno de los  problemas de esta ley, y de muchas otras, es que los loables propósitos que plantea requieren de un respaldo financiero muy grande. 

Además, existen otros problemas, como la desorganización entre los subsistemas de este nivel, según lo comenta Camacho Sandoval. Nuestro país cuenta con las universidades públicas autónomas, los tecnológicos, la diversidad de instituciones particulares y las escuelas de educación normal, las cuales no tienen la coordinación y comunicación que se necesitan para cumplir con los objetivos planteados en la ley. Por lo mismo, se puede apreciar la expansión de los posgrados sin control y la proliferación de universidades privadas de mala calidad, que únicamente buscan producir certificados para el ejercicio profesional, lo cual pone en evidencia la imposibilidad del sector público de ofrecer una educación superior a quien desea continuar sus estudios. 

Calidad educativa 

El punto anterior nos lleva al reto de la calidad educativa, que implica hablar de relevancia y pertinencia de los programas educativos, es decir, que los contenidos de las carreras contribuyan a atender los retos sociales y que, al mismo tiempo, exista una formación integral de los estudiantes, que es otro de los propósitos de esta ley: contribuir al desarrollo de sus habilidades intelectuales, de su autonomía personal, de su condición ciudadana y participación democrática. Desde esta perspectiva, es importante preguntar para el caso Aguascalientes ¿qué tanto las casi 60 universidades y tecnológicos en la entidad impulsan esta formación integral en los jóvenes? Hay muestras de que todavía hay mucho por hacer, pues existen IES que no ofrecen las materias que permiten fortalecer las habilidades, valores y aptitudes que los estudiantes necesitan y que la sociedad demanda. Salvador Camacho cita al filósofo y literato Bertrand Russell, al señalar que “uno de los defectos de la educación superior moderna es que hace demasiado énfasis en el aprendizaje de ciertas especialidades, y demasiado poco en un ensanchamiento de la mente y el corazón por medio de un análisis imparcial del mundo”.

Otro punto importante que debe ser atendido en las IES particulares y, especialmente, en las públicas, es el impulso a la investigación científica y a la innovación tecnológica, que son parte de las funciones sustantivas de estas instituciones educativas, de manera que en ellas no solo se transmitan conocimientos, sino también que se generen.

Universidad pública 

La universidad pública es relevante en cuanto a la generación y transmisión del conocimiento, así como para alentar el espíritu crítico. Como institución, la comunidad universitaria tiene la oportunidad de hacer algo que no hacen otras instancias públicas y privadas del país: cuestionar de manera profesional y libre asuntos clave de la sociedad; como los problemas del medio ambiente; el desarrollo económico que no resuelve la inequidad social; la educación deficiente en todos los niveles; el crecimiento urbano sin control; la corrupción gubernamental y empresarial; la incipiente y frágil democracia; la cultura superficial y mercantil en la población, entre otros temas. 

El doctor Salvador Camacho Sandoval mencionó que los universitarios tenemos la responsabilidad de velar para que se lleven a cabo acciones que den solución a todos estos problemas: “La voz de los universitarios tiene que escucharse”, insiste. La universidad pública, en suma, tiene una gran responsabilidad social y esta ley lo permite, pues marca la pauta para que exista esta relación entre la universidad y las dinámicas sociales, económicas y culturales del país.   

Autonomía universitaria 

Un aspecto clave de esta iniciativa de ley es la reivindicación del respeto irrestricto a la autonomía de las universidades, pero también que dichas instituciones sean responsables en la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos, toda vez que estos últimos años se han conocido actos graves de corrupción. En otras palabras, esta prerrogativa que gozan algunas universidades conlleva una responsabilidad y un compromiso de autogobierno para fijar sus propósitos académicos, pero también para hacer un uso adecuado de los recursos. Evitar la corrupción y transparentar el manejo de los recursos son aspectos fundamentales de esta propuesta legislativa. 

Si revisamos los propósitos de esta Ley General de Educación Superior, afirma Salvador Camacho, podemos encontrar aspectos referidos a la interculturalidad, al desarrollo de las funciones de las instituciones de educación superior, el respeto a la pluralidad, los derechos humanos, el impulso a la igualdad y la equidad de género, el apoyo a la investigación científica y el desarrollo tecnológico, la contribución a la resolución de las problemáticas locales, estatales y nacionales, así como al desarrollo sustentable del país y a la conformación de una sociedad más justa e incluyente. Es aquí donde es pertinente cuestionar: ¿cuáles han sido las aportaciones de instituciones como la Universidad Autónoma de Aguascalientes en estos rubros? Desde luego que las hay, pero aún falta mucho por hacer.