BOLETÍN DE PRENSA No. 322 –>>
• Se tiene actualmente una creencia inadecuada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
• Fiscalías y ministerios públicos deben cumplir con una adecuada evaluación de riesgo para que delincuentes no reincidan en actos delictivos.
Con la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio han surgido diversas voces que buscan reformar este modelo y, de ser aprobadas algunas de estas propuestas, el país regresaría al antiguo al sistema de justicia inquisitivo que en su ejecución, vulnera los derechos de las personas involucradas en un proceso penal; así lo indicó, José Luis Eloy Morales Brand, jefe del departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
La reciente intensión de modificar el nuevo sistema de justicia proviene de dos iniciativas de reforma: la primera presentada por la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, que busca adecuar las estructuras de este modelo con el fin de mejorar su implementación; y la segunda proviene de la Comisión Nacional de Gobernadores (CONAGO), la cual pretende incrementar la lista de delitos que contemplan la prisión preventiva, propuesta que limitaría la libertad de derechos, las posibilidades de mediación y México regresaría al anterior sistema bajo dinámicas de represión, que no busca la reinserción social de las personas y que hace caso omiso a la reparación de daños de las víctimas.
El catedrático señaló que, con el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, se buscó evitar arbitrariedades al establecerse un sólo catálogo de delitos graves para todas las entidades que, como medida cautelar, plantean la reclusión, listado que comprende actos como: homicidios dolosos, de violación, secuestro, trata de personas, delincuencia organizada y robos con violencia, extorsión, delitos que atentan contra la seguridad de la nación, sexuales en contra de menores, corrupción y los que van en contra de la salud como narcomenudeo, por mencionar algunos.
Además, se redujo el número de delitos en dicha lista, lo que ha derivado en que una persona que comete un delito menor sea absuelta y en ocasiones reincida; por lo que actualmente se tiene una creencia inadecuada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con ideas erróneas como el considerar que es un modelo que no es funcional.
Al respecto Morales Brand explicó que esta problemática no radica en estructuras del propio sistema de justicia, sino en la actuación de algunos funcionarios, ya que es responsabilidad de las fiscalías y ministerios públicos cumplir con su función de llevar, con base en la unidad de medidas cautelares, una evaluación adecuada de riesgo del presunto responsable de un delito para advertir al juez si el individuo tiene antecedentes penales o es reincidente, es decir, si es necesaria la reclusión.
Sin embargo, Morales Brand aclaró que este nuevo sistema de justicia es de reacción contra el delito, trata de resolver conflictos y, en su caso, castigar a quien cometa faltas ante la ley; a diferencia de esquemas de prevención del delito que no sólo le competen a las instituciones de seguridad y en los que se involucran diversos aspectos sociales.
En ese sentido indicó el sistema de justicia que se implementa en todo el país desde 2016 establece un proceso razonable y humano para todas las personas, tanto para la víctima como para el posible responsable; además de que evita que presuntos implicados en delitos se convirtieran en presos sin condena, es decir, que estén privados de su libertad durante años esperando sentencia y que al final sean absueltos debido a falta de pruebas o a que se demostró que no habían incurrido en delito alguno.
