Francisco Javier Avelar González
El lunes anterior, durante el acto cívico de Honores a la Bandera que llevamos a cabo en el Campus Sur de la UAA, reflexionamos sobre la democracia y el gran baluarte que ésta encuentra en la autonomía universitaria. Dado que este mes nuestra casa de estudios celebra su septuagésimo sexto aniversario como institución pública autónoma, considero adecuado dedicar las líneas de esta columna a dicho tema. Transcribo pues el mensaje que tuve oportunidad de transmitir a la comunidad universitaria:
El viernes dos de noviembre de 1911, la Cámara de Diputados declaró oficialmente a Francisco I. Madero como Presidente Electo de la República Mexicana. Esta efeméride suele pasar inadvertida entre nosotros, porque ese mismo día celebramos una de las tradiciones más importantes de nuestro país: el Día de Muertos. Sin embargo, el evento cívico al que me he referido es sumamente significativo, porque se trata de las primeras elecciones democráticas de nuestro país.
El incalificable golpe de estado que ocurrió poco después, dañó gravemente la institucionalidad de nuestra nación y el fortalecimiento de una cultura democrática, la cual tardamos varias décadas en recuperar del todo. Hoy, después de vivir ya cuatro elecciones presidenciales con alternancia en el poder de tres partidos políticos distintos, podemos afirmar que la vía de la civilidad y la democracia es una realidad innegable en México.
Muchos habremos de coincidir en que la democracia representativa es tal vez el mejor sistema político para asegurar otros valores indispensables de las sociedades sanas, tales como la libertad de expresión, el respeto a la pluralidad de ideas y el sano ejercicio de la oposición crítica… Sin duda, uno de los principales generadores y promotores de la democracia -entendida en los términos que acabo de mencionar- son las universidades públicas autónomas. Y esto se debe, sobre todo, a su autonomía.
Por definición, las universidades tienen como fin la generación de conocimiento y la formación integral de personas, no sólo como profesionistas, sino también como ciudadanos. Para lograr lo anterior, la investigación y la enseñanza universitaria deben ser ajenas a ideologías e intereses políticos o económicos coyunturales, ya de los grupos que están en el poder, ya de los que quieren hacerse de este último. La búsqueda desinteresada de la verdad, la crítica razonada y la independencia intelectual no podrían lograr su concreción en las universidades públicas, si éstas tuvieran que
supeditar sus decisiones (de gestión de recursos, de selección del profesorado y de diseño de programas de estudio) a la voluntad de una persona o de un grupo político, o si la consecución de sus recursos económicos estuviera condicionada por dichos grupos.
Con base en lo ahora comentado, es loable que desde 1980 se haya consignado en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el respeto a la autonomía universitaria, en los términos que cito a continuación:
“Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la Ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, y administrarán su patrimonio.”
Si lo pensamos con cuidado, quien pretendiera vulnerar la autonomía universitaria no sólo intentaría controlar la educación, sino que -en un sentido profundo- atentaría directamente contra la democracia y contra la misma Constitución (valor y documento en los que se funda y sustenta nuestra sociedad)…
Por civismo, por ética y por un compromiso social genuino, debemos respetar y fortalecer la autonomía de las universidades. Lo anterior no significa que estos centros de educación puedan ser opacos o estén exentos de rendir cuentas. Todo lo contrario: el derecho a su autonomía implica también la responsabilidad de dar resultados, los cuales son -justamente- continuar en la búsqueda incesante de la verdad a través de la discusión de ideas; generar conocimiento a través de estudios e investigaciones, y formar cada día mejores ciudadanos, mediante los procesos de enseñanza-aprendizaje que considere más adecuados.
En nuestra casa de estudios estamos a unos días de cumplir 76 años como institución educativa autónoma. En el marco de dicha conmemoración y en aras de fortalecer la democracia -columna vertebral de nuestro país- los invito a que juntos, en un decidido acto de civismo, defendamos -hoy y siempre- la autonomía universitaria. Muchas gracias.